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El 26.9% del que no se habla.

Hace unas semanas, el Ministerio de Economía, por medio de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2020, brindaba insumos estadísticos importantes de orden oficioso respecto a la situación nacional en cuanto a indicadores nacionales se refiere.

En el primer apartado donde se exponen las estadísticas demográficas, se menciona, como desde hace ya varios años, que el país goza de un bono demográfico debido a que la mayor parte de su población es menor a los 30 años. Esto en primer lugar, pareciera una mala interpretación no solo de lo que se puede entender como bono demográfico, y, en segundo lugar, una mala interpretación e intento de implementar el enfoque de juventudes en esta edición de la Encuesta.

La población joven registrada en el 2020 según la Encuesta, es de 1,700,702, siendo una representación porcentual del 26,9% de la población nacional (871,480 mujeres y 829,222 hombres). De esta cifra, solo 1,591,660 son personas jóvenes en edad de trabajar (PET) y de estas, solo 914,017 personas económicamente activas (PEA) es decir, se encuentran dentro de la dinámica del mercado laboral formal, ya sea que cuentan con un empleo o que están ofertando su fuerza laboral.

Las cifras anteriores dejan en claro que las políticas públicas implementadas por el Estado tienen una marcada línea de omitir a este 26,9% de la población, que como en décadas anteriores, está recibiendo como herencia una crisis económica, una incertidumbre a corto y mediano plazo tanto política como social y solamente es un porcentaje importante cuando se está en período de campaña electoral.

Un existente y casi inoperante Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) caracterizado por la improvisación al estilo de las batallas de freestyle, así como un Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ) que desde su entrada en funcionamiento, solo sirvió para posicionar personajes que adoptan el discurso de la defensa de los derechos de las juventudes para posicionarse ya sea dentro de las estructuras partidarias a las que pertenecen o para perfilarse como futuros y futuras funcionarias públicas en alguna entidad del Estado, impactando negativamente en la garantía de los derechos de ese 26,9% de la población salvadoreña.

Hoy día, unos pocos jóvenes, hombres y mujeres, dentro del INJUVE, del CONAPEJ, de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social y la Asamblea Legislativa, llenan sus bolsillos a costa de 1,700,702 jóvenes (exceptuando a los jóvenes pertenecientes a la clase alta) que viven en una constante incertidumbre, zozobra y diferentes penas a costa de las múltiples desigualdades que forman parte de su cotidianidad.

Este 26,9% de la población es tan insignificante y por ello su omisión en cuanto a la consulta sobre las reformas constitucionales que el Ejecutivo por medio del Vice Presidente Félix Ulloa está impulsando. En esta omisión dolosa demuestra que el discurso y eslogan de #GobiernoJoven no es más que una simple estrategia de marketing que funciona dentro de los colectivos que tienen un beneficio directo por procesos poco o nada transparentes impulsados por la institucionalidad pública.

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